La EPA quiere eliminar la consulta pública sobre permisos de contaminación de centros de datos

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se dispone a eliminar una norma federal que exige notificación pública y un período de comentarios antes de que ciertas instalaciones industriales puedan obtener un permiso para emitir contaminación del aire. La propuesta afecta a los permisos llamados de "fuente menor", emitidos bajo el programa New Source Review, vigente desde la década de 1970 y que abarca vertederos, fábricas de papel, acerías, lavanderías industriales y ampliaciones de centrales eléctricas — y, cada vez más, los enormes generadores diésel y turbinas de gas que respaldan a los centros de datos de IA.

Una garantía federal vigente desde los años setenta

Según las normas actuales, cuando una empresa solicita un permiso de contaminación de fuente menor, la agencia estatal o local a cargo debe notificar a los residentes cercanos y abrir un período de comentarios públicos de 30 días antes de poder emitir el permiso. En julio, la EPA anunció que quiere eliminar esta obligación federal y transferir la decisión a cada estado, que quedaría libre de decidir si notifica o no al público. "Las autoridades estatales y locales, más cercanas a los problemas y al público, deberían tomar las decisiones sobre el proceso de permisos en la mayor medida posible, no Washington", declaró el administrador de la EPA, Lee Zeldin, en un comunicado que presenta el plan como una forma de reducir "trámites burocráticos innecesarios y onerosos". La EPA sostiene que las fuentes menores "tienen emisiones relativamente bajas y un impacto ambiental limitado".

Los centros de datos, ya en el centro de la disputa

El programa New Source Review se ha convertido en un punto de fricción a medida que los centros de datos de IA se multiplican por todo el país, tanto para las propias instalaciones como para las centrales eléctricas y generadores de respaldo construidos para abastecerlas. Colossus 1, el enorme centro de datos de xAI en Memphis, Tennessee, solicitó un permiso de fuente menor en 2025; la solicitud derivó en una audiencia pública y miles de comentarios después de que un departamento de salud local publicara el aviso. El Southern Environmental Law Center (SELC) y la NAACP amenazaron por separado con demandar a xAI ese mismo año por turbinas de gas instaladas en el sitio sin permiso. En Gilroy, California, un centro de datos de Amazon comenzó su construcción el mes pasado sin que muchos residentes lo supieran, después de que un proceso de aprobación de varios años hiciera que el período de comentarios públicos ya hubiera cerrado dos años antes.

Estados y grupos de salud se oponen

• 14 fiscales generales estatales y funcionarios de tres ciudades firmaron una carta conjunta oponiéndose a la propuesta de la EPA
• Cerca de 200 grupos de salud y medioambientales, incluido el SELC, presentaron comentarios pidiendo a la EPA que retire el plan
• Se presentaron más de 4.900 comentarios públicos antes de que cerrara el período de consulta; la EPA dice que aún los está revisando
• Un análisis de la Harvard T.H. Chan School of Public Health estimó que un centro de datos de Vantage en el condado de Loudoun, Virginia, causó entre 53 y 99 millones de dólares en daños a la salud al año — la mayor estimación jamás atribuida a una sola instalación

Lo que la EPA permitiría es que todas esas instalaciones avancen sin tener que lidiar con el público, que los permisos se emitan en secreto, a puerta cerrada. Nadie sabe qué está pasando hasta que las excavadoras ya están ahí.

En su carta, los fiscales generales estatales escribieron que "a pesar de su nombre, incluso las fuentes menores pueden tener impactos sanitarios y ambientales significativos", argumentando que eliminar el requisito de notificación y comentarios "deja de lado estas salvaguardas fundamentales de transparencia y democracia en nombre de la conveniencia administrativa". La EPA responde que los estados podrán seguir imponiendo normas más estrictas que el mínimo federal si lo desean, y que el cambio simplemente acerca la decisión a las comunidades afectadas. El período de comentarios sobre la propia propuesta de la EPA cerró la semana pasada, con más de 4.900 aportes todavía en revisión; si la norma se finaliza, la agencia indica que entraría en vigor dentro del próximo año.

Qué cambia esto

Para los lectores hispanohablantes, el episodio ilustra una tensión que probablemente se repita fuera de Estados Unidos: a medida que la construcción de centros de datos de IA se acelera en España y América Latina, la pregunta sobre la transparencia pública en los permisos ambientales — ya protegida en muchos países por marcos de acceso a la información ambiental — podría plantearse en términos similares frente a la presión por acelerar los proyectos de infraestructura de IA. El caso estadounidense muestra también lo que está en juego cuando esa transparencia retrocede: permisos concedidos antes de que los vecinos tengan tiempo de reaccionar.