Acciones colectivas e IA: qué cambia para las empresas en Europa

En julio de 2026, la asociación Citizens' Voice interpuso una acción popular contra Anthropic ante el tribunal judicial de la comarca de Lisboa, según ECO el 7 de julio de 2026. El objeto del caso es modesto, pero muestra algo más amplio: las acciones colectivas y la inteligencia artificial (IA) empiezan a cruzarse, y el marco jurídico que se dibuja en la Unión Europea va mucho más allá de Portugal.

Una acción colectiva, o acción representativa, es un proceso en el que una entidad habilitada defiende ante los tribunales los intereses de un grupo de consumidores, en lugar de que cada persona litigue sola. Los hechos que siguen proceden de cinco fuentes y, en los casos judiciales, son alegaciones de las partes, sin resolución definitiva.

¿Qué ocurre en el proceso contra Anthropic?

Según ECO, la acción se presentó en la comarca de Lisboa y se basa en la supuesta ausencia de un libro de reclamaciones electrónico de Anthropic, que vende sus servicios en Portugal. Desde 2005, el Decreto-Ley n.º 156/2005 obliga a los proveedores de bienes y prestadores de servicios con contacto con el público a ofrecer ese libro, recuerda el periódico.

El origen del caso es un consumidor al que, según la asociación, se le cobraron dos servicios distintos: había contratado solo la API, un servicio de créditos prepagados separado de la suscripción mensual de Claude, pero supuestamente se le cobró también Claude. Citizens' Voice dice a ECO que aún está investigando esa situación y que el consumidor no encontró ningún canal para reclamar.

La acción formula dos peticiones, de acuerdo con ECO:

• que Anthropic sea condenada a poner a disposición de los consumidores residentes en Portugal un libro de reclamaciones electrónico, con una sanción pecuniaria compulsoria nunca inferior a 20 000 euros por día de retraso;
• que pague una indemnización diaria, a fijar por el tribunal, nunca inferior a 500 euros por cada día sin libro de reclamaciones, contado desde la citación.

En el portal Citius, la causa figura con un valor de 60 000 euros, pero el presidente de la asociación, Octávio Viana, explica a ECO que esa cifra no corresponde al importe reclamado, porque en una acción popular no se sabe cuántos son los perjudicados. ECO contactó con Anthropic y, al cierre de la noticia, no había obtenido respuesta. Citizens' Voice, fundada en 2021, habría presentado ya más de un centenar de acciones colectivas contra empresas como Ryanair, Vodafone y Galp, según el mismo periódico.

¿Cómo funcionan las acciones colectivas en Portugal y en la UE?

La Directiva (UE) 2020/1828 obliga a todos los Estados miembros a contar con un mecanismo de acción representativa. Según Baker McKenzie, el plazo de transposición venció el 25 de junio de 2023, pero no todos los países la han transpuesto y, hasta hoy, solo se ha iniciado un número limitado de acciones al amparo de ella. Las acciones las ejercen entidades cualificadas, que pueden pedir medidas de cesación y reparación económica, y cada Estado elige entre el opt-in (el consumidor se adhiere), el opt-out (el consumidor queda representado salvo que lo rechace) o una combinación.

En Portugal, el Decreto-Ley n.º 114-A/2023, de 5 de diciembre, transpuso la directiva en línea con la Ley de Acción Popular (Ley n.º 83/95), según Garrigues. La norma mantiene el mecanismo de autoexclusión de la ley de acción popular, pero exige que los consumidores sin residencia habitual en Portugal manifiesten su voluntad de ser representados. Prevé además una consulta previa de dos semanas al profesional antes de pedir una medida de cesación definitiva, y obliga a los demandantes a divulgar la financiación de terceros.

¿Por qué la IA aumenta el riesgo de litigio colectivo?

Tres cambios europeos empujan en la misma dirección. El primero es el AI Act, el reglamento europeo de IA: según Baker McKenzie, pasa a formar parte del ámbito de la directiva de acciones representativas desde el 2 de agosto de 2026, lo que permite a las entidades cualificadas invocar sus infracciones.

El segundo es la nueva Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Según Gibson Dunn, extiende la responsabilidad objetiva al software y a la IA, aligera la carga de la prueba y crea un mecanismo de divulgación de pruebas entre las partes. Los Estados miembros deben transponerla antes del 9 de diciembre de 2026.

El tercero es la indemnización por daños no patrimoniales en protección de datos. Gibson Dunn recuerda que, el 8 de enero de 2025, el Tribunal General de la UE (asunto T-354/22) condenó a la Comisión Europea a pagar 400 euros a una persona por una transferencia de datos a Estados Unidos, y que el Tribunal Federal de Justicia alemán fijó, el 18 de noviembre de 2024, 100 euros sin prueba de daño concreto en un caso de recopilación ilícita de datos en una red social. Importes pequeños por persona hacen más atractivas las reclamaciones masivas para entidades cualificadas y financiadores de litigios.

¿Qué lagunas siguen sin resolverse?

En un artículo de investigación del 25 de noviembre de 2025, difundido por Private Law Theory el 13 de enero de 2026, Liubomir Nikiforov identifica una laguna en la reparación colectiva de la UE para los daños algorítmicos. Según el autor, los recursos del RGPD están ligados a interesados identificables, la directiva vincula la reparación a los consumidores y el AI Act, aunque habla de personas o grupos de personas, remite la ejecución colectiva a la directiva.

Los menos protegidos serían los grupos inferidos, construidos por un modelo a partir de datos anonimizados. El autor propone, entre otras medidas, privilegiar los modelos opt-out y crear un derecho de representación específico para la IA. Son propuestas académicas: ninguna está en vigor.

¿Qué cambia para una empresa?

Para una empresa portuguesa, o extranjera que venda a consumidores en Portugal, el riesgo práctico es mayor de lo que sugeriría el reducido número de procesos. Algunos puntos de partida:

• comprobar que existe un libro de reclamaciones electrónico y un canal de reclamación accesible y visible;
• revisar la facturación y la claridad de las suscripciones, para evitar cobros discutidos en masa;
• documentar el cumplimiento del RGPD y del AI Act antes de que las normas del AI Act puedan invocarse en acciones representativas;
• seguir la transposición de la directiva de responsabilidad por productos, que abarca el software y la IA;
• tener un plan de respuesta a una consulta previa, que deja solo dos semanas para poner fin a una práctica cuestionada.

En suma, la IA no creó el derecho a ejercer acciones colectivas, pero amplía las normas invocables y reduce la barrera de la prueba. Sea cual sea el desenlace del caso de Lisboa, las empresas que venden servicios de IA en Europa harían bien en tratar el contencioso colectivo como un riesgo de cumplimiento y no como una curiosidad jurídica.