El Tribunal Supremo chino fija sus primeras reglas sobre deepfakes

El lunes 7 de septiembre de 2026, el Tribunal Popular Supremo de China (TPS) publicó una opinión judicial de 24 artículos sobre cómo deben tratar los tribunales las disputas relacionadas con la inteligencia artificial, según la agencia estatal Xinhua y el South China Morning Post. Es la primera guía nacional de este tipo, y ofrece a los jueces chinos un marco común para juicios sobre deepfakes, voces clonadas, precios algorítmicos y desinformación generada por IA, aunque Pekín aún no ha aprobado una ley específica que regule la inteligencia artificial en sí misma.

En lugar de crear nuevos delitos, la opinión indica a los tribunales cómo aplicar cuatro leyes ya existentes —el Código Civil, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Protección de Información Personal— a los litigios que involucran IA generativa, según el SCMP. El tribunal describió las directrices como las primeras de su tipo, destinadas a «trazar líneas rojas legales claras» sin dejar de respaldar el crecimiento de la industria nacional de IA, en línea con la política actual del gobierno de fomentar el desarrollo de la IA mientras gestiona sus riesgos. La medida llega en plena carrera entre China y Estados Unidos por el dominio tecnológico, un contexto en el que Pekín ha preferido en general orientaciones administrativas ágiles antes que una única ley integral de IA.

Deepfakes, voces clonadas y «resucitar a los muertos»

Una parte central de la opinión aborda las réplicas digitales generadas por IA. Según Xinhua, las directrices «dejan claro que nadie puede usar la IA para crear o difundir réplicas digitales reconocibles de otras personas sin su consentimiento, incluidos rostros y voces clonados». El SCMP informa que los ejemplos citados por el tribunal incluyen el uso de la IA para «resucitar digitalmente» a personas fallecidas —un servicio que ya venden comercialmente algunas empresas chinas de IA a familias en duelo—, algo que, según el tribunal, puede vulnerar las protecciones legales sobre la identidad, la imagen, la voz y la reputación de una persona, incluso sin contenido difamatorio de por medio.

La opinión también abre una vía de recurso explícita para las víctimas de deepfakes sexualizados: «ofrece recurso legal a quien haya visto su rostro alterado digitalmente para difundir acusaciones sexuales falsas y difamatorias», según Xinhua. Con las nuevas reglas, un proveedor de servicios de IA puede ser declarado legalmente responsable si no «actúa a tiempo» tras ser notificado de que su sistema generó contenido que vulnera los derechos de alguien, un estándar de aviso y retirada usado durante años para el contenido generado por usuarios, ahora extendido explícitamente a los resultados producidos por la propia IA generativa.

Precios algorítmicos: «dejar margen» donde falta consenso

Más allá de los deepfakes, las directrices también apuntan a «la discriminación algorítmica de precios y la desinformación generada por IA», según Xinhua, una fórmula que remite a la queja habitual de los consumidores chinos conocida como «matar a los clientes fieles con big data» (大数据杀熟), en la que las plataformas usan los datos de un cliente habitual para cobrarle en silencio más que a un cliente nuevo por el mismo producto. La opinión no prohíbe de plano toda práctica de precios algorítmicos. La vicepresidenta del TPS, Tao Kaiyuan, declaró en una rueda de prensa que las directrices buscan «equilibrar desarrollo y seguridad» y sobre todo aclaran cuestiones de procedimiento para los jueces que atienden casos relacionados con la IA, en lugar de zanjar de una vez todas las cuestiones de fondo.

• 24 artículos, publicados el 7 de septiembre de 2026 por el Tribunal Popular Supremo, que aplican el Código Civil, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Protección de Información Personal a los litigios sobre IA
• Prohíbe crear o difundir réplicas digitales reconocibles —rostros y voces clonados incluidos— sin el consentimiento de la persona
• Abre un recurso legal explícito para víctimas de deepfakes sexualizados y de difamación generada por IA
• Hace responsables a los proveedores de servicios de IA si no actúan tras ser notificados de contenido generado por IA que vulnera derechos
• Apunta a la discriminación algorítmica de precios y a la desinformación generada por IA, sin prohibir de plano la fijación dinámica de precios

En los asuntos donde hoy es difícil alcanzar un consenso, las directrices dejan margen para la aclaración, permitiendo acumular experiencia y precisar las reglas cuando llegue el momento.

Qué cambia para las empresas españolas activas en China

El presidente Xi Jinping ya había marcado el rumbo en julio, al pedir a los funcionarios en una conferencia nacional que «refuercen la conciencia del riesgo y garanticen que la IA sea segura y controlable», una consigna que la opinión del TPS traduce ahora en un estándar judicial concreto y no en un simple lema político. Para una empresa española que ofrezca chatbots, herramientas de clonación de voz o generadores de imágenes y vídeos a usuarios en China, el cambio práctico es que una solicitud de retirada por un deepfake o un contenido difamatorio generado por IA se rige ahora por una prueba legal explícita: ignorar un aviso sobre contenido infractor expone al proveedor del servicio a responsabilidad directa ante un tribunal chino, sin importar dónde se entrenó el modelo subyacente. El apartado sobre precios algorítmicos también merece una lectura atenta por parte de cualquier empresa que aplique precios dinámicos impulsados por IA a clientes chinos, incluso operando enteramente desde fuera de China: la misma lógica de protección al consumidor, usada durante años contra el «big data que mata a los clientes fieles», se extiende ahora explícitamente a los precios fijados por IA.