La UE avanza con el EU Kids Act: nuevas reglas para redes sociales y IA dirigida a menores

El 14 de septiembre la Comisión Europea comunicó, mediante un mensaje audiovisual, que el proyecto EU Kids Act seguirá el procedimiento legislativo escrito y será presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto a la comisaria de innovación, Henna Virkkunen. La iniciativa, que todavía se encuentra en fase de borrador, tiene como objetivo central proteger a los menores frente a los riesgos que conlleva una digitalización sin límites, reforzando la seguridad y la supervisión en los entornos en línea que más utilizan los niños y adolescentes.

Restricciones de edad en redes sociales y plataformas de vídeo

Von der Leyen informó al Parlamento que, bajo la normativa propuesta, los menores de 15 años no podrán crear cuentas personales en redes sociales. Los niños menores de 13 años estarán totalmente excluidos del acceso a estas plataformas, mientras que los jóvenes de entre 13 y 15 años solo podrán usar "mini‑cuentas" que deberán ser creadas y supervisadas por sus padres. Estas cuentas limitadas ofrecerán funciones restringidas y contarán con mecanismos de control del tiempo de uso, de manera que la exposición a contenidos potencialmente nocivos sea reducida.

La medida se concentra principalmente en redes sociales y servicios de vídeo, donde la presión de los algoritmos y la disponibilidad de contenidos no adecuados son más intensas. En contraste, los sistemas de uso interno, como los de oficina, educativos o industriales, quedan fuera del alcance de estas restricciones directas, ya que su finalidad y contexto de uso difieren significativamente del consumo de ocio y comunicación que caracteriza a los menores.

Seguridad para chatbots, videojuegos y plataformas de IA

El proyecto también incorpora normas de seguridad específicas para chatbots, asistentes de inteligencia artificial, videojuegos y plataformas de streaming. Estas reglas se basan en un modelo de co‑regulación que obliga a los proveedores a demostrar que sus productos cumplen con criterios de protección infantil, como la limitación de contactos con desconocidos, la eliminación de mecánicas que fomenten la adicción y la garantía de que los contenidos sean apropiados para la edad del usuario.

Medidas específicas previstas

• Prohibición de funciones de scroll infinito y notificaciones artificiales en cuentas de menores.
• Obligación de verificación de edad mediante métodos seguros.
• Requisitos de control parental integrado y supervisión de tiempo de uso.
• Necesidad de autorización previa de la Comisión para funciones de alto riesgo en plataformas muy grandes bajo el DSA.
• Transparencia en la recopilación y uso de datos de menores.

Impacto esperado en el sector digital

Las empresas que operan en la UE tendrán que adaptar sus sistemas de registro, implementar mecanismos de control parental y presentar solicitudes de autorización para determinadas funcionalidades. El cumplimiento implicará auditorías técnicas y la entrega de pruebas de conformidad ante la Comisión. Aunque la propuesta aún no es ley, se anticipa que la presión regulatoria impulsará cambios estructurales en la arquitectura de las plataformas digitales, obligando a una mayor responsabilidad en la gestión de datos y en la interacción con usuarios menores.

Próximos pasos legislativos

El borrador será formalmente presentado el 17 de septiembre y entrará en la fase de debate parlamentario. Se espera que la Comisión publique un informe de impacto y que los Estados miembros discutan posibles ajustes antes de que el texto sea sometido a votación en el Consejo Europeo. De confirmarse, la fecha de entrada en vigor podría situarse a finales de 2027, con periodos transitorios que permitirán a los servicios digitales adaptar sus procesos y tecnologías a los nuevos requisitos.

Recomendaciones para plataformas y desarrolladores

Las compañías que operan en el mercado europeo deben iniciar ya la revisión de sus políticas de registro y de los flujos de incorporación de usuarios menores. Es aconsejable crear equipos de cumplimiento dedicados, actualizar los términos de servicio y diseñar interfaces que faciliten la supervisión parental. Además, la integración de herramientas de verificación de edad basadas en datos oficiales reducirá la carga administrativa y mejorará la confianza de los reguladores.

En última instancia, las organizaciones españolas, latinoamericanas y de cualquier otro país hispanohablante que ofrezcan servicios en la UE deberán asegurarse de que sus procesos de verificación de edad sean fiables, que sus sistemas de control parental estén plenamente operativos y que la información sobre la recogida y el uso de datos de menores sea completamente transparente y accesible para los usuarios y sus tutores.