España exigirá energía renovable propia a los centros de datos de IA

España se perfila como líder del desarrollo de centros de datos en el sur de Europa, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, pero el Gobierno quiere que esa avalancha de proyectos no avance a cualquier precio. El Ejecutivo ultima un Real Decreto que exige a los centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW cubrir el 80% de su consumo eléctrico mediante autoconsumo renovable o contratos de compra de electricidad (PPA) ligados a instalaciones renovables españolas nuevas, cuya puesta en servicio no puede ser anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento del centro de datos.

La cláusula más polémica: la correlación horaria

No basta con comprar mucha energía verde en el cómputo anual: el requisito más discutido es la llamada correlación horaria, que exige que, cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro de datos esté respaldada por electricidad renovable generada en esa misma hora. Ahí surge el problema de fondo: un centro de datos funciona las 24 horas del día, pero el sol no brilla de noche ni el viento sopla siempre que se necesita. El sector sostiene que cumplir esa condición encarecería notablemente algunos proyectos o los haría directamente inviables sin sistemas de respaldo adicionales.

Doce gigavatios ya comprometidos en la red

La magnitud del fenómeno ya se nota en la red eléctrica: Red Eléctrica ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte, a los que se suman otros 6 GW aproximados otorgados en distribución desde 2020. En total, unos 12 GW de capacidad ya comprometida frente a los 3,5-4 GW de demanda eléctrica que la Estrategia de Inteligencia Artificial española contemplaba para el conjunto del sector en 2030. Red Eléctrica confirma que el consumo de las actividades de infraestructura informática ha registrado en algunos meses crecimientos interanuales superiores al 75%.

Triplicar la capacidad de los centros de datos en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa es un despropósito ambiental y una irresponsabilidad social.

Quién acaba pagando la factura eléctrica

El consumo de un centro de datos es enorme, continuo y poco flexible. Si para dar cabida a estos proyectos hace falta construir más redes de distribución, más centrales de generación y más capacidad de respaldo —incluido el gas si las renovables no bastan—, parte de ese coste puede acabar repercutiendo en la factura de los hogares. El propio borrador del decreto reconoce ese riesgo: un crecimiento desordenado podría aumentar el uso del gas como fuente energética marginal y, con él, el precio de la electricidad para todos los consumidores. Es exactamente lo que ya ha ocurrido en Estados Unidos, donde estos centros han elevado la factura de la luz de los residentes de las zonas donde se han instalado.

67.000 millones de inversión y el frente del agua

La patronal Spain DC calcula que el sector podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros en España hasta 2030. En paralelo, la Comisión Europea presentó en junio la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), que pretende triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5 a 7 años, acelerando permisos y facilitando el acceso a energía, suelo y agua. La Agencia Europea del Medioambiente advierte, sin embargo, de la huella hídrica de estas infraestructuras, asociada sobre todo a la generación de la electricidad que las alimenta, pero también a su refrigeración y a la fabricación de semiconductores. Spain DC responde que el crecimiento de la capacidad digital no implica un crecimiento proporcional del consumo de agua, y sitúa el margen de reducción en tecnologías de refrigeración seca, circuitos cerrados, «free cooling» o agua regenerada, aunque reconoce que la refrigeración seca puede exigir más electricidad en episodios de calor extremo.

• 80% del consumo eléctrico deberá cubrirse con renovables propias, con correlación horaria
• Unos 12 GW de capacidad ya concedidos frente a los 3,5-4 GW previstos para 2030
• 67.000 millones de euros de inversión estimada por Spain DC hasta 2030
• La ley europea CADA busca triplicar la capacidad de centros de datos de la UE en 5-7 años

Lo que esto cambia para España

Para un consumidor español, el resultado dependerá de cómo se resuelva el pulso regulatorio en curso: tras recibir alegaciones del sector, el Gobierno se muestra dispuesto a suavizar algunos puntos del decreto, aunque insiste en no renunciar a proteger la red eléctrica y el precio de la luz. Tecnológicas, eléctricas e inversores consideran especialmente difícil cumplir el requisito de correlación horaria hora a hora, y de su versión final dependerá si España consigue atraer inversión en infraestructura de IA sin trasladar el coste a los hogares, como sí ha ocurrido en Estados Unidos. La abundancia de renovables a precios competitivos, el suelo disponible y la buena conectividad explican por qué el país se ha convertido en una pieza central del despliegue de cómputo de IA en el sur de Europa; el resultado de este decreto, observado de cerca por otros países de la Unión Europea mientras aplican la ley CADA, marcará si ese liderazgo se logra sin agravar el estrés hídrico y energético que ya preocupa a organizaciones como Greenpeace y a la propia Agencia Europea del Medioambiente.