Pese a estar en la lista negra, Inspur seguía comprando chips de Nvidia

Hace tres años, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a Inspur Group, uno de los mayores fabricantes de servidores del mundo, en su Entity List, la lista negra reservada a empresas consideradas un riesgo para la seguridad nacional. Esa inclusión debía cortar a Inspur el acceso a la tecnología estadounidense, incluidos los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia. No fue así. Una investigación del New York Times, basada en registros comerciales analizados junto con la firma de datos ImportGenius y difundida por Inside AI News, encontró que Aivres, una empresa de Silicon Valley que es legalmente la filial estadounidense renombrada de Inspur, exportó al menos 5.600 millones de dólares en tecnología estadounidense avanzada entre abril de 2024 y febrero de 2026 — más de 3.000 millones de dólares en ordenadores construidos en torno a los chips Blackwell, los más recientes de Nvidia. Los envíos pasaron por el Sudeste Asiático y, según los mismos registros, continuaron hacia centros de datos y empresas tecnológicas que dan servicio a las mayores compañías chinas de inteligencia artificial, entre ellas Alibaba y ByteDance.

Lo que la Entity List realmente bloquea

La Entity List del Bureau of Industry and Security (BIS) es la herramienta central que usa Washington para impedir que tecnología estadounidense sensible llegue a empresas consideradas una amenaza. Una vez incluida en la lista, una empresa obliga a sus proveedores estadounidenses a obtener una licencia especial —rara vez concedida para chips avanzados— antes de venderle cualquier bien sujeto al control de exportaciones. Lo que la lista no hace automáticamente es alcanzar a todas las filiales de una empresa incluida. Cuando Inspur Group fue añadido en marzo de 2023, acusado de buscar tecnología estadounidense para supercomputadoras militares, su filial estadounidense no fue nombrada. En menos de dos meses, esa filial cambió discretamente su nombre de Inspur Systems a Aivres Systems. Sobre el papel, Inspur Group posee solo un tercio de Inspur Electronic, que a su vez posee la totalidad de Aivres —una separación que hasta ahora ha bastado para mantener a Aivres fuera de la misma lista negra que impide a su matriz comprar nada en absoluto.

Una oficina renombrada y una empresa que no responde

Aivres no es el único eslabón de la cadena. Registros comerciales examinados por ImportGenius muestran que una empresa china llamada Maginfra, fundada el año pasado y ubicada a pocas calles de la sede de Inspur en Jinan, importó más de 700 millones de dólares en servidores procedentes de Malasia hacia China en seis meses —incluidas más de 1.500 unidades con precios acordes a hardware de inteligencia artificial de gama alta. Maginfra no tiene, sobre el papel, ningún vínculo de propiedad con Inspur, pero documentos corporativos muestran que el representante legal de su matriz ocupó cargos en empresas afiliadas a Inspur, y los registros de patentes citan a inventores que trabajaron antes en Inspur. Cuando un periodista visitó la dirección registrada de Maginfra, la oficina estaba vacía —unas sillas y escritorios tras una puerta cerrada con llave, mientras el personal del edificio aseguraba no haber visto nunca a nadie usarla. A pesar de ello, la administración Trump aprobó este año una licencia para que Maginfra comprara los chips H200 de Nvidia, menos potentes, y Maginfra firmó por separado un contrato de 165 millones de dólares para vender equipos de computación de alto rendimiento a una división de un banco estatal chino.

• Cambio de nombre: la filial estadounidense de Inspur abandonó el nombre Inspur por Aivres dos meses después de que la matriz fuera incluida en la lista negra en marzo de 2023.
• Capas de propiedad: Inspur Group posee solo una participación indirecta de un tercio en la entidad propietaria de Aivres, lo que mantiene a la filial fuera de la Entity List.
• Empresas fantasma: Maginfra, una empresa china de reciente creación con personal y patentes ligados a Inspur, importó más de 700 millones de dólares en servidores desde Malasia en seis meses.
• Acceso remoto en la nube: empresas chinas habrían entrenado modelos con chips Nvidia GB300 alojados en centros de datos tailandeses sin llegar a poseer ese hardware, un vacío que las normas de exportación actuales no cubren.

Es muy difícil mirar esto y no ver una red china respaldada por el Estado para eludir el control de exportaciones.

Por qué Washington no logra cerrar la brecha

El patrón apunta a un problema de aplicación tanto como jurídico. Dentro del Departamento de Comercio, han pasado diez meses sin que se añada una sola empresa a la Entity List —la pausa más larga en 18 años, según funcionarios actuales y anteriores citados por Inside AI News. Esos funcionarios explican que la administración se ha vuelto más cautelosa a la hora de ampliar la lista negra después de que un intento anterior provocara amenazas de represalia de Pekín en 2025. El 31 de mayo de 2026, el Bureau of Industry and Security publicó una aclaración según la cual la obligación de licencia sigue a la matriz última de una empresa, esté donde esté su sede, sin importar qué filial haga el pedido —una norma que la agencia asegura vigente técnicamente desde noviembre de 2023, aunque Aivres sigue sin haber sido añadida a ninguna lista. En el Congreso, la Remote Access Security Act, que extendería el control de exportaciones a los chips alquilados en la nube y no solo a los que una empresa posee directamente, fue aprobada por la Cámara de Representantes en enero de 2026 pero sigue bloqueada en el Senado, según CNBC. «¿Están tratando de prohibirlos, o no?», preguntó Jordan Nanos, analista de SemiAnalysis que ha estudiado las operaciones de Aivres, señalando que la filial funciona con los mismos servidores, el mismo personal y las mismas oficinas que su matriz sancionada. El portavoz de Nvidia, John Rizzo, declaró que la empresa no respalda los «productos desviados» y que solo vende a socios que trabajan para cumplir las normas de exportación.

Qué cambia esto para la cadena de suministro de chips

Para las empresas de habla hispana que venden, transportan o instalan hardware de inteligencia artificial —desde distribuidores en España hasta integradores de centros de datos en América Latina—, el caso Aivres es una advertencia: el cumplimiento normativo ya no puede limitarse al nombre que figura en la orden de compra. La matriz última de un comprador, su cadena de propiedad y el personal u oficinas que comparte con una entidad sancionada pueden pesar más que qué entidad legal firma el contrato —y los reguladores han demostrado que publican ese historial después de los hechos, no antes. Los distribuidores y operadores de nube que trabajan con centros de datos del Sudeste Asiático enfrentan una exposición similar en el acceso remoto a capacidad de cómputo, un terreno que los reguladores estadounidenses intentan activamente someter a licencia. Hasta que el Senado actúe sobre la Remote Access Security Act o el Bureau of Industry and Security añada nuevos nombres a su lista, la carga de cerrar estas brechas recaerá principalmente en los propios vendedores.