El decreto de reconocimiento facial de Meloni preocupa a la UE

El Gobierno de Giorgia Meloni ultima un decreto legislativo que autoriza a las fuerzas de policía italianas a usar sistemas de inteligencia artificial para la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos o abiertos al público. La norma, pensada para conciertos, manifestaciones o partidos de fútbol, traspone al derecho italiano el Reglamento europeo de IA (AI Act), pero varios expertos en protección de datos advierten de que sus garantías no bastan para evitar un choque con la legislación comunitaria, según recoge El País.

Qué prevé exactamente el decreto

El texto, de 21 artículos, regula por separado el uso de datos biométricos en investigaciones ya abiertas y su empleo con fines de 'prevención' de delitos, la parte más polémica. El artículo 8 fija los casos en los que la policía puede activar la identificación biométrica remota: una amenaza específica, sustancial e inminente para la vida o la integridad física, una amenaza real de atentado terrorista, o la búsqueda de personas desaparecidas o víctimas de secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual.

A diferencia de una investigación penal ordinaria, que exige autorización de un juez de instrucción, el uso preventivo lo solicita el jefe de policía (questore), el comandante provincial de los Carabinieri o de la Guardia di Finanza, dirigido al fiscal del distrito. Tras la polémica en las comisiones parlamentarias, el Gobierno incorporó una segunda capa de control: además del fiscal, deberá intervenir el juez de las investigaciones preliminares, según detalla el medio italiano Linkiesta.

• La finalidad perseguida y la amenaza concreta que se quiere prevenir
• La duración, limitada a un máximo de 15 días prorrogables
• El área territorial exacta donde se activará el sistema
• Las personas buscadas o afectadas, cuando se conozcan
• Las bases de datos y las tecnologías empleadas

En casos de urgencia, la policía puede activar el sistema sin autorización previa, con una simple comunicación oral al fiscal, que dispone de 48 horas para convalidar la operación. El decreto precisa además que no existirá un archivo biométrico permanente y que los datos recabados por vía preventiva no podrán usarse como prueba en un proceso penal.

Por qué se encienden las alarmas

La Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, el equivalente italiano de la Agencia Española de Protección de Datos, declaró que la primera versión de la norma era incompatible con las restricciones que el AI Act impone al reconocimiento facial en vivo, lo que obligó a aplazar la votación en la Cámara de Diputados, según recogió la publicación especializada Biometric Update. Un portavoz de la Comisión Europea fue tajante:

El reconocimiento facial en espacios públicos accesibles está prohibido por la ley europea de inteligencia artificial.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, cuando el acceso de las autoridades a datos personales pueda suponer una injerencia grave en los derechos fundamentales, ese acceso debe someterse a un control previo de un juez o de un órgano administrativo independiente, el argumento central que llevó a añadir al juez de instrucción como segundo filtro.

El precedente no es menor: en enero de 2023, el Ejecutivo de Meloni ya trasladó al fiscal general de la Corte de Apelación de Roma, sin intervención de ningún juez, el control de las escuchas telefónicas preventivas. Llama la atención que voces habitualmente próximas al Gobierno, como las Cámaras penales, la Fundación Luigi Einaudi o Libertà Eguale, se hayan sumado a las críticas contra el nuevo decreto por debilitar las garantías judiciales.

El debate se ha reavivado tras los disturbios de Bolonia y las protestas violentas del valle de Susa, en las que decenas de agentes resultaron heridos, según la agencia italiana Ansa. Desde el entorno de Meloni se insiste en que Italia 'seguirá cumpliendo la normativa europea sobre reconocimiento facial en espacios públicos accesibles, empezando por el AI Act, como ha hecho hasta ahora'.

Choque con el AI Act europeo

El AI Act clasifica la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos como una práctica de riesgo inaceptable, prohibida salvo tres excepciones tasadas: la búsqueda de personas desaparecidas, una amenaza terrorista inminente y la localización de sospechosos de delitos graves concretos, las mismas excepciones que Italia invoca para justificar su decreto. La Comisión Europea aplazó en mayo hasta diciembre de 2027 el plazo para que los sistemas de alto riesgo, como los de identificación biométrica policial, cumplan íntegramente con el reglamento, un margen que Roma aprovecha para tramitar su propia norma nacional.

Para las empresas españolas que desarrollan o venden sistemas de reconocimiento facial, el caso italiano es un aviso y, a la vez, una hoja de ruta. La barcelonesa Herta, especializada en biometría facial, acaba de completar un banco de pruebas regulatorio (sandbox) con el Gobierno de España que demuestra que un despliegue de reconocimiento facial en espacios públicos puede ajustarse al AI Act si se documentan la finalidad, la proporcionalidad y el control judicial previo, exactamente lo que Bruselas reprocha a la primera versión del decreto italiano. Cualquier compañía española que opere sistemas biométricos o que quiera vender tecnología de identificación a cuerpos policiales italianos deberá acreditar esas mismas garantías, y hacerlo antes de diciembre de 2027, cuando expira la prórroga europea para los sistemas de alto riesgo.